Después de las denuncias por presunta explotación laboral, la cadena de Tiendas D1 aseguró que cumple con toda la normatividad legal en Colombia y que atenderá el requerimiento e investigación que exigió el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

"Nuestra compañía cumple con toda la normatividad legal en Colombia y mantiene un firme compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato laboral a término indefinido, en todo el territorio nacional, lo que nos posiciona como uno de los mayores empleadores formales del país", se puede leer en el comunicado.

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D1 precisa que valora "profundamente" el diálogo con las organizaciones sindicales, con los que asegura que mantiene una "comunicación abierta y respetuosa".

La cadena "rechazó cualquier intento de desinformación o señalamiento infundado" que intente "instrumentalizar nuestra labor empresarial en medio de coyunturas políticas o debates ajenos a nuestra actividad".

D1 nació en Medellín y es propiedad de Koba International Group. Su principal accionista es el grupo Valorem, controlado por la familia Santo Domingo, una de las más ricas de Colombia.

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó una investigación contra este D1, por un reportaje de Señal Colombia, en donde afirmaron que empleados tienen jornadas de hasta 12 horas, sin recibir pago de horas extras.

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En 2024, D1 cerró con utilidades de 373.000 millones de pesos, un monto que "equivale a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes".

Este escándalo tiene lugar cuando en el Congreso falta un debate para que la polémica Reforma Laboral sea aprobada, después de haber cumplido su trámite en la Comisión IV del Senado.